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Varios municipios cobraron fondos para obras que no existen

Revelan graves irregularidades con un plan para tratar residuos; ya son parte de una causa judicial que hizo desfilar por Comodoro Py a Aníbal Fernández, Capitanich y Abal Medina

Analizaron in situ las obras que estaban comprometidas a partir de fondos de los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) entre 2013 y 2015 y comprobaron serios incumplimientos.

Más de un año después de haber sido relevados, ya son parte de una causa judicial que hizo desfilar por Comodoro Py a Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, y en la que se espera que casi un centenar de intendentes sean llamados a indagatoria.

Auditores de la Sigen y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable visitaron distritos, y en algunos de ellos, como Quilmes y Río Gallegos, comprobaron que las obras que debían realizarse con fondos nacionales brillaban por su ausencia.

Según detalla el diario La Nación, el 11 de febrero de 2016, un equipo compuesto por personal de la Sigen y del programa Girsu visitó Río Gallegos.

Los acompañó el actual intendente, Roberto Giubetich. En 2012, cuando gobernaba la capital santacruceña Raúl Cantín, que renunció en julio de 2015, la municipalidad solicitó fondos para instalar "una planta de transferencia, clasificación, compactación y acopio” de residuos, según consta en el informe de auditoría.

La visita del equipo de auditores a la capital santacruceña dejó como resultado, tal como plantea el informe de auditoría, que "no se construyó la planta de transferencia proyectada”, que "el proyecto original no resolvía problema alguno”, que "se efectuó el segundo desembolso sin que se haya aprobado la rendición de la primera transferencia” y que "se han gastado más de $ 38 millones sin que se haya mejorado en nada el tratamiento de los residuos sólidos urbanos”.

En un último punto del informe se remarcó que "las nuevas autoridades del municipio consideran, tal cual está previsto, inviable el proyecto, por lo que el gasto improductivo aprobado por las autoridades municipales cuya gestión finalizó el 10 de diciembre pasado [de 2015] llegaría a superar los $ 88 millones y para el Tesoro Nacional, los $ 38 millones”.

Para la Justicia, según se desprende de la investigación que llevan adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, el destino de los fondos en la mayoría de los municipios no está claro. El expediente está encuadrado en el delito de malversación de caudales públicos.

Lo sucedido en Río Gallegos y Quilmes no es una excepción. En Florencio Varela no existían "el equipamiento y la obra civil para el emplazamiento de la planta de separación y reciclaje”.

En General Belgrano, provincia de Buenos Aires, "la planta de clasificación al momento de la auditoría se encontraba inactiva” y la disposición final de los residuos "se lleva a cabo en una cava sin las mínimas condiciones de higiene”. Brandsen salió de esa tónica y los auditores remarcaron que cumplió con lo pautado.
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