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Desde Salud Mental se le respondió al reclamo realizado por el juez Carma

Tras la polemica suscitada entre Justicia y Salud quedó en evidencia la falta de un espacio donde las personas privadas de su libertad con trastornos mentales o del comportamiento producto del consumo de sustancias psicoactivas puedan recibir un tratamiento en un ámbito de internación mientras cumplen la condena recibida.

A partir de una serie de graves acusaciones emitidas desde la Justicia hacia el Ministerio de Salud y las desmentidas realizadas desde este organismo en el marco de la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental en los casos "Loco" López, imputado por intento de homicidio tras dispararle con un arma de fuego a la camioneta del fiscal Vehils Ruiz, y "Guty" Moya -vinculado con hechos de violencia y extrema-, quedó en evidencia la falta de un espacio donde las personas privadas de su libertad con trastornos mentales o del comportamiento producto del consumo de sustancias psicoactivas puedan recibir un tratamiento en un ámbito de internación mientras cumplen la condena recibida.

A los cuestionamientos de la Justicia y a la defensa de Salud se sumó el malestar de amplios sectores de la población, en especial de los habitantes de los barrios donde viven los dos sujetos, quienes permanecen alojados en sus viviendas con una consigna policial.

El juez de Control de Garantías Nº2, José Antonio Carma, acusó recientemente a Salud de no dar respuesta a una serie de oficios e intimaciones en los cuales la Justicia solicitaba la internación de "Guty" Moya, quien fuera acusado por homicidio simple en calidad de coautor de Marcelino Pachado y que posteriormente fuera sobreseído tras ser declarado inimputable por afecciones mentales.

En los grupos de vecinos que viven en las inmediaciones de los hogares de ambos sujetos y hasta en la localidad de La Merced, en el departamento Paclín, donde erróneamente se presumió que podría ser alojado uno de ellos, provocó la airada manifestación pública de los lugareños.

En este marco, García Terán deslindó las responsabilidades de Salud y las de la Justicia al señalar que esta última es la que determina la inimputabilidad y si una persona debe o no ser alojada en un servicio penitenciario. Explicó que, según la Ley de Salud Mental, las personas con padecimientos mentales graves deben ser atendidas en los hospitales con capacidad de internación.

"A la persona se le asigna un médico psiquiatra y se hace una red con el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano a donde está el paciente, para que se pueda seguir el tratamiento que se le asignó y hacer un seguimiento con los familiares sobre la continuidad y su resultado", puntualizo el funcionario.

En ese marco dijo que el tratamiento debe considerar la patología y ciertos contextos, y remarcó que "si el paciente se niega a tomar los remedios y tiene una recaída, se lo internará hasta que pase la crisis y volverá al tratamiento ambulatorio".

El profesional explicó que también puede aplicarse un tratamiento con medicamento inyectable "que duran mucho tiempo, que se llama medicación de depósito, que se inyecta una vez al mes", y sostuvo que esta alternativa es evaluada por los médicos de acuerdo a cada paciente.

En otro orden de cosas, García Terán mencionó el programa PRISMA que se realiza en el penal de Ezeiza, generado a partir del trabajo combinado entre la Justicia y el área de Salud de la Provincia de Buenos Aires, aunque no brindó detalles de aquél.

 

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