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Media sanción para proyecto de creación del ORSMA

La Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción a un proyecto de ley a través del cual, en el marco de lo dispuesto por la Ley Provincial 5.383 que adhiere a la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental, se crea en la provincia de Catamarca, el ORSMA (Órgano de Revisión de Salud Mental y Adicciones).

La iniciativa parlamentaria fue presentada por la diputada Adriana Díaz, quien se refirió a la importancia de la ley y de destacar a los actores que trabajaron en su elaboración.

El ORSMA tiene por objeto proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental y dependerá de la Dirección de Derechos Humanos que integra el Ministerio de Gobierno y Justicia o aquella que en el futuro la reemplace.


 
Estará integrado por un representante titular de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia u organismo que en el futuro la reemplace, quien ejercerá la presidencia, representación legal y coordinación ejecutiva del Órgano de Revisión, a través de la organización de una Secretaría Ejecutiva; un representante titular y un representante suplente de los siguientes organismos, o de los que en el futuro lo reemplacen: b-1) un (1) titular y un suplente del Ministerio de Salud; un (1) titular y un suplente del Poder Judicial, o del Ministerio Público de la Defensa a partir de su creación; un (1) representante titular y un suplente de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud; un (1) titular y un suplente de asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud; y un (1) titular y un suplente de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.

El ORSMA deberá requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos, supervisar de oficio o por denuncia de particulares sobre las condiciones de internación por razones de salud mental, en el ámbito público y privado; evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades y eventualmente, apelar las decisiones del juez; controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30 de la presente ley; etc.


 
Dictará su reglamento interno de funcionamiento y establece los lineamientos políticos y estratégicos de su intervención en el marco de la Ley Nacional 26.657 y de la Ley 5.383 y se reunirá en forma periódica.
 

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