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Vialidad Nacional denunció en fiscalía federal a Elpidio Guaraz

La Dirección Nacional de Vialidad delegación Catamarca denunció penalmente al intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, por el cobro de sumas de dinero para permitir el paso de maquinaria pesada por la ruta N°64, en un tramo que cruza por jurisdicción municipal.

La presentación del organismo nacional es por el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público al considerar que el jefe comunal excedió facultades reglamentarias violando así normativas nacionales como la ley de Tránsito y la propia Constitución Nacional, además de que también estaría infringiendo la Carta Magna provincial. 

La presentación fue realizada por el abogado y apoderado de Vialidad Nacional, Jorge Ramón Rojas, ante Fiscalía Federal , por entender que es este organismo judicial el que debe avanzar con la causa.
 

Vialidad Nación advirtió que Guaraz violó la ley de Tránsito nacional (Ley 24.449) que le asigna a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Gendarmería Nacional, "las funciones exclusivas de prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional". 

En ese marco, cuestionó que el intendente pretenda vía ordenanza municipal cobrar una tasa, canon o peaje sobre jurisdicción de Ruta Nacional, "en exceso de su competencia y en contraposición con lo dispuesto en la legislación nacional". Sin embargo, la presentación no solo se queda en la violación de leyes nacionales, también señaló que el intendente estaría violando principios de la Constitucional Nacional al impedir la libertad de tránsito. 

Si bien, Vialidad reconoce que la ley de Obra Pública (Ley N° 17520) prevé el cobro de tasas para los casos de concesión para construcción, conservación o explotación de obras públicas mediante el dictado de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, en la denuncia dejó en claro que este no sería el caso.

Más adelante dejó en claro que aunque una ruta nacional puede pasar por una zona de administración municipal, las comunas declinaron a los organismos nacionales (como la propia Vialidad Nacional) el mantenimiento y limpieza de estos caminos, por lo que mal podrían cobrar sumas de dinero a pesar de que se trate de vehículos pesados que puedan dañar el pavimento. En ese orden, también aclaró que el cobro de una tasa sin contraprestación viola principios de la Constitución provincial.

Finalmente, el organismo nacional consideró el cobro por derecho de paso únicamente a vehículos pesados es "confiscatorio" y "selectivo" gravando la actividad productiva.
 

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