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Se decretó la “emergencia tarifaria” de luz en toda la provincia

El instrumento es para aplicar una parte de los subsidios ya anunciados hasta el 31 de diciembre.

El instrumento en cuestión alude a la Resolución N° 366 del año pasado, emanada por la secretaría de Energía de la Nación y por la cual se determinan “los nuevos precios de referencia de las tarifas de energía eléctrica, aplicables a partir del 01 de Febrero de 2019 perjudicando a los usuarios catamarqueños, dificultando su acceso y uso en condiciones mínimas”.

Cabe señalar que el Gobierno atacó judicialmente esta resolución en sede de Justicia Federal y desde allí se declaró la incompetencia para resolver. El camino del planteo terminaba en la Suprema Corte de Justicia.

La resolución del Gobierno lleva el análisis mediante un dictamen de la Asesoría General. Dicha área manifiesta que el Ejecutivo podrá “en función de las atribuciones conferidas por la Constitución Provincial, declarar la Emergencia Tarifaria Eléctrica”. La misma “tendrá vigencia desde el 1 de abril de 2019 hasta el 31 de diciembre” o “hasta que el Estado Nacional modere los incrementos o retrotraiga la tarifa, lo que suceda primero”.

Los considerandos del decreto oficial explican el por qué se dicta la emergencia tarifaria en Catamarca, responsabilizando al Gobierno nacional. En este orden de ideas, señala que la medida fue tomada producto de “la grave crisis económica que atraviesa el país debido a las desacertadas políticas económicas implementadas por el Estado nacional”.

El decreto local explica que ello “ha generado la imposibilidad de nuestros habitantes de afrontar los elevados costos del servicio eléctrico dispuestos mediante la Resolución 366 (el instrumento nacional) impactando de manera negativa en los montos que abonan los usuarios del servicio, originando aumentos superiores al 50 por ciento para el 2019”. 

Incluso menciona la fundamentación del Gobierno nacional en emitir la resolución por el cual se incrementa el pago a Cammesa, representante del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

“Respecto del costo mayorista, el precio que surge del MEM es una resultante de la confrontación de ofertas para atender una determinada demanda, en la que influyen los costos de disponibilidad del combustible, la remuneración de la operación de generación, los costos de incorporación de la nueva potencia y energía, los servicios adicionales de reserva de la potencia, el transporte en alta tensión, impuestos y cargos específicos”, señala el decreto local. 

Además, focaliza que dicha resolución establece que “resulta necesario continuar con el sendero de reducción de subsidios, que incluye la reducción del subsidio sobre el costo de la energía, como así también, sobre la potencia, propendiendo a equilibrar los costos que deben afrontar los distintos agentes del MEM”.

De esta forma, desde el Gobierno indicaron que “tal detracción de subsidios aplicables sobre el costo de la energía y potencia, influye y perjudica a los usuarios debido al establecimiento de elevados cuadros tarifarios, vulnerando sus derechos”. 

El decreto local remarca que todos los factores llevaron a “poner en práctica acciones, dentro de las posibilidades económicas de la provincia, tendientes a contribuir a la atenuación de los efectos negativos que las políticas tarifarias implementadas por el Gobierno nacional han generado en nuestra provincia”.

En este orden de ideas, precisa: “A esos efectos decide declarar la Emergencia Tarifaria del servicio de energía eléctrica y disponer un subsidio a fin de proteger a los usuarios frente al alto costo de la misma”. 

 

Puntos

Al declarar la emergencia tarifa la provincia está facultada a implementar dos de los subsidios a la energía. Con la resolución oficializada entró en vigencia el subsidio del 35% del VAD (componente local de la factura de luz) “correspondientes a los usuarios de pequeñas demandas, de aplicación exclusiva sobre los usuarios Tl-R y Tl-G que no posean otro tipo de subsidio tarifario otorgado por la Provincia”. 

Además, con la oficialización del decreto EC Sapem no debe trasladar a los usuarios “la tasa de fiscalización” (el componente destinado al ENRE).

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