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Legislador provincial opositor fue denunciado por violencia de genero

En los últimos días trascendió que un legislador provincial había sido denunciado por violencia de género.

Quien ratificó que la denuncia fue efectivamente presentada contra el legislador provincial (días atrás mencionado por el responsable de un local bailable) es el letrado Bruno Jerez (foto), abogado patrocinante de la mujer. 

La ex esposa del legislador, que por tratarse de un presunto delito de índole privada se resguardará su nombre, denunció que hace cuatro años el acusado comenzó a protagonizar episodios de violencia moral y física.

Por esos actos pidió oportunamente que se tomaran medidas precautorias, aunque estima que nunca prosperaron por los fueros propios del cargo que ostenta el acusado.
La mujer relata que tuvo episodios de violencia moral  puesto que el denunciado la agredió verbalmente, ofendiéndola no solo en forma pública sino también de forma privada ya que en algunos momentos se encontraban presentes familiares. 

Además, asegura que las palabras escalaron hasta la violencia física y para ello precisa una fecha concreta. La mujer relató que primero recibió empujones, los que luego se fueron incrementando hasta recibir golpes en su rostro y cuerpo.
Incluso afirma que hasta la actualidad recibe hostigaciones por teléfono aunque las llamadas son realizadas mediante números privados. 

A la vez, menciona que en ninguna de las denuncias le tomaron declaración a excepción de una vez en el transcurso del año pasado. La exesposa del legislador indica que en esa oportunidad le comunicaron el pase a archivo de la causa puesto que no configuraba un delito. 

En tanto, sostiene que no hubo un cambio de conducta por parte del denunciado y que hasta la actualidad recibe llamados durante la madrugada. A toda la situación   la mujer la define en una palabra: “miedo”.

La denuncia incluye el pedido de una medida cautelar por la cual solicita que se le prohíba al legislador acercarse hacia su persona e integrantes del núcleo familiar por lo menos en 90 días. También pide que se realicen estudio socioambiental y una pericia psicológica.


 

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