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Piden multa contra el ministro de Educación

Diputados de la oposición volvieron a la carga contra el Ministerio de Educación por la falta de respuestas a la solicitud que realizaron, primero en sede administrativa y luego, en la Justicia, para que se informe respecto de las licitaciones realizadas para la compra de guardapolvos y kits escolares para el ciclo lectivo 2019.

Los legisladores le solicitaron a la Corte de Justicia que se aplique sanciones a los funcionarios de Educación responsables de no haber cumplido con lo ordenado por el máximo tribunal de la provincia, respecto de la obligación del Ministerio de poner a disposición de los demandantes la documentación solicitada bajo apercibimiento.
 

El conflicto, que terminó en la Justicia, inició cuando los diputados Luis Lobe Vergara, Genaro Contreras, Juana Fernández y Humberto Valdez (mandato cumplido) solicitaron al por entonces ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, información detallada acerca las licitaciones públicas N° 02/18 y 03/18, ambas referidas a la adquisición de útiles escolares y guardapolvos para el ciclo lectivo 2019.

El pedido lo hicieron remarcando que “a una sola firma se le adjudicaron $53.000.000; empresa que no es del rubro, no tiene empleados y es solo un galpón, como fuera denunciado oportunamente”.

Ante la falta de respuestas de Gutiérrez a las notas presentadas el 27 de febrero y el 10 de abril de 2019, los diputados radicales iniciaron una acción judicial de amparo por mora de la administración en contra del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, fundamentando el derecho de Acceso a la Información Pública reconocido por ley.

Luego, mediante sentencia definitiva N° 43 de fecha 23 de diciembre de 2019, la Corte decidió hacer lugar a la acción, ordenando el pronto despacho judicial para que, en un plazo de 10 días, el Ministerio ponga a disposición la documentación solicitada bajo apercibimiento.

Teniendo en cuenta la fecha que se notificó a las partes, ese plazo venció el viernes de la semana pasada y, por esa razón, los legisladores volvieron a recurrir al máximo tribunal para insistir en el cumplimiento de la orden judicial y, asimismo, solicitar una sanción a las actuales autoridades de Educación, encabezadas por el ministro Francisco Gordillo.

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