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Detalles de la Reforma que pretende introducir el Ejecutivo al Estado

Para esta semana el Ejecutivo tiene pensando enviar a la Legislatura el proyecto que busca declarar la necesidad de la reforma del Estado en lo administrativo y funcional. En el borrador, que se encuentra bastante avanzado, existe una serie de puntos y entre ellos lo atinente al empleo público. De allí surge que el gobernador Raúl Jalil quiere congelar los nombramientos por tres años (todo su mandato) no solo dentro del Ejecutivo, sino también en el Legislativo y el Judicial.

El borrador rescata el contexto socioeconómico actual, situación que coloca a la provincia en la necesidad de implementar mecanismos administrativos que “nos permita efectuar una profunda reforma del aparato estatal para afrontar la crisis que se avecina”.


En esa línea y, por la situación de emergencia, esgrime que se precisa la adopción de medidas conducentes a garantizar “la adecuada distribución del personal y a optimizar la asignación del gasto público, en estricta correspondencia con la situación financiera”.


Dentro del articulado del proyecto se va estableciendo una serie de pautas relacionadas al empleo público. Por ejemplo, se propone un Comité de Ingreso al Estado Provincial con un régimen único de ingreso en los tres poderes. Para acceder a planta se busca establecer concursos de oposición de antecedentes que aseguren la transparencia e igualdad de oportunidades. Eso sí, aclara que es para los cargos que requieran concurso y de acuerdo a la reglamentación que dicte el Comité.
A su vez, el borrador indica que ese Comité podrá ser integrado por dos representantes de los tres poderes, quienes deben establecer el procedimiento unificado de los concursos.

Nombramientos
Dentro de las disposiciones complementarias aparece el congelamiento a los nombramientos en todo el Estado. Para el caso, el proyecto señala: “Suspéndase en los organismos, entidades y poderes, por el plazo de tres años, la designación y/o contratación de personal”. 


En este orden de ideas, prohíbe superar los cargos de planta permanente y no permanente efectivamente ocupados hasta la actualidad y releva la cantidad de empleados en cada área (Ejecutivo, Senado, Diputados, poder Judicial y Tribunal de Cuentas).
Incluso prevé que sucedería en el caso de bajas pero en relación a uno de los poderes del Estado. En este sentido indica que en caso de bajas por cualquier causal que se produzcan en los cargos existentes en el Legislativo, las vacantes “no podrán ser ocupadas en dicho poder” y por lo tanto, será facultad del Ejecutivo utilizar y distribuirlas conforme a las necesidades. 


En otra parte de la iniciativa se alude a la movilidad laboral. En este caso, el proyecto señala que la transferencia de un empleado hacia otra jurisdicción implicará lógicamente la supresión del cargo o partida presupuestaria en su lugar de origen. A la vez, ello implica crear el cargo o dar el alta en la partida presupuestaria en su lugar de destino.
Además y a modo de quitar sospechas por la movilidad, se indica que la transferencia será admisible “con la aceptación de las Jurisdicciones presupuestarias de origen y de destino y la conformidad del empleado”. En otras palabras y de acuerdo al borrador, no sería compulsivo. 


En un capítulo propicia modificaciones al Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública sobre  los artículos 18 y 56. Esto es, aquellos vinculados con la edad mínima para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria. 


En este orden de ideas, se propone la nueva redacción al artículo señalando que se dejará de contar con la estabilidad cuando un agente haya alcanzado la edad mínima establecida para la jubilación ordinaria. En cuanto al otro artículo a modificar, el 56, cambia las fechas. Es decir, el Estatuto actual da goce del mismo hasta dos años de adquirida la jubilación mientras que el borrador sugiere hasta transcurridos los “60 días de la fecha en que las normas vigentes le acuerden el derecho a la jubilación ordinaria o por edad avanzada”.
 

En tanto, el Ejecutivo pide autorización para que, ante una situación de crisis que ponga en riesgo las finanzas provinciales, se puedan tomar todos los recaudos en pos de garantizar los servicios esenciales y evitar la suspensión y/o pérdida de fuentes laborales.
Análisis. Al borrador restaba darle forma jurídica a dos puntos. Uno de ellos es la implementación del retiro voluntario. El otro es el alcance: se estudiaba hacer una ley de orden público para que la reforma aplique en todos los niveles (Municipios y Concejos Deliberantes).
 

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