Diputados del oficialismo y oposición repudiaron la continuidad de Elpidio Guaraz en la municipalidad de Santa Rosa

La Cámara de Diputados finalmente expresó su preocupación por la continuidad del intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz (FT), con un repudio a la Justicia por las demoras en las causas en las que se investigan delitos contra la integridad sexual y violencia de género
jueves, 24 de noviembre de 2022 · 07:42

La Cámara, de esta manera, aprobó “el más enérgico repudio ante la dilación en la tramitación y la mora para resolver por parte de la administración de Justicia en todas las causas en las que se investigan delitos contra la integridad sexual y aquellos cometidos en contexto de violencia de género”. Puntualmente, se expresó “la más profunda preocupación por la situación institucional de la Municipalidad de Santa Rosa, generada por la continuidad en el ejercicio del cargo del intendente Elpidio Guaraz, imputado penalmente por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual agravado”.

Además, la Cámara instó al Concejo Deliberante a que, “en base a sus atribuciones constitucionales y legales, se expida al respecto hasta tanto el Poder Judicial resuelva la situación procesal del intendente”. También pidieron al Poder Judicial que “de manera urgente resuelva con la mayor celeridad posible las causas en las que se encuentra imputado Elpidio Guaraz”.

La diputada Natalia Herrera (UCR) celebró que se haya encontrado una salida al planteo que había hecho la semana pasada. “Callarnos no resuelve el problema, debemos expresarnos.

Adriana Díaz (FT), insistió en que “la comisión de delitos tan aberrantes y su presunta comisión por parte de un funcionario público no pueden ser ajenas a la Cámara”. “Si bien no es función de la Legislatura sancionar estas conductas, debemos expresarnos al respecto. Anhelamos que el CD se exprese y ponga en funcionamiento los mecanismos establecidos para apartarlo de su cargo”, reclamó.

En esa línea, advirtió que “existe una realidad de la que no podemos alejarnos y es que en nuestro interior muchas veces, cuando una víctima denuncia a un funcionario público, se encuentra expuesta a posibles persecuciones, hostigamientos y amenazas”. “Es nuestro deber como representantes del pueblo velar por los derechos de las víctimas. Exhortamos también al Poder Judicial, que nos tiene acostumbrados a su inacción y hace oídos sordos, a que con la mayor celeridad posible resuelva la situación procesal”